El 23 de septiembre se realizó una demanda climática sin precedentes: seis jóvenes portugueses demandaron a 32 estados europeos ante el TEDH, por violar sus derechos humanos al no reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Un fallo a favor podría sentar un precedente global en la lucha contra el cambio climático.

Por Ángela Lascano / @AngelaILD

El 27 de septiembre de 2023, seis jóvenes de Portugal presentaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una demanda contra 33 estados europeos, alegando que los países, al no haber limitado suficientemente las emisiones de gases de efecto invernadero, están violando sus derechos humanos. 

Cláudia Agostinho (24 años), Martim Agostinho (20), Mariana Agostinho (11), Sofia Oliveira (18), André Oliveira (15) y Catarina Mota (23) son las seis personas que presentaron la demanda, que tuvo como desencadenante los devastadores incendios forestales que ocurrieron en Portugal hace seis años. 

En junio de 2017, algunas zonas de Portugal llegaron a temperaturas por encima de 40 °C. La noche del 17 de junio, 156 fuegos se extendieron por todo el país y  mataron a más de sesenta personas. 

Según un reportaje del New York Times, expertos forestales y ambientalistas explicaron que “la inacción política, antecedentes de una mala administración agraria y el que se priorice apagar incendios en lugar de prevenirlos” agrava estos fenómenos. 

Motivados por el dolor de esta tragedia, los jóvenes portugueses empezaron a construir su demanda. En el caso presentado al Tribunal, los demandantes alegan que hay un riesgo para su salud debido a los incendios forestales, y afirman que ya han experimentado alteraciones del sueño, alergias y problemas respiratorios, además de problemas de ansiedad causados por los desastres naturales y por la perspectiva a futuro de que la situación empeore. 

Se basan así en cuatro artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el derecho a la vida, el derecho a no sufrir tortura ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la vida privada y familiar y el derecho a no sufrir discriminación por motivos de edad. 

La demanda, originalmente, se presentó ante el Tribunal el 7 de septiembre de 2020. Conforme a los reglamentos del Tribunal, la sala decidió tratar el caso con carácter prioritario. Sin embargo, recién el 28 de junio de 2022 se encomendó el caso a la Gran Sala, la de mayor jerarquía dentro del tribunal, integrada por 17 jueces. El tribunal, además, autorizó a más de 16 organizaciones intervenir en el procedimiento escrito en calidad de terceros; entre ellos, participó Amnistía Internacional, el Comisionado de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, Save the Children Internacional, Greenpeace Internacional, entre otros. 

Inicialmente, la demanda también incluía a Ucrania. No obstante, dada la guerra actual que enfrenta tras la invasión de Rusia, los jóvenes abandonaron su denuncia contra este país. 

¿Cuál fue la respuesta de los estados denunciados?

Ante las denuncias, los países implicados señalaron que los jóvenes no debían elevar la causa directamente al TEDH antes de agotar las vías judiciales nacionales. Sudhanshu Swaroop, abogado del Reino Unido, añadió además que, dado que los demandantes no son ciudadanos de los países que demandan, el tribunal no puede tener competencia. Por otro lado, Ricardo Matos, representante del gobierno portugués, aseguró que los jóvenes no han demostrado que existe un vínculo directo entre las emisiones de los estados y los daños sufridos por los incendios forestales en su país. Además explicó que como el cambio climático afecta a todos, nadie debería tener el estatus de víctima.

¿Qué se lograría con un fallo a favor?

Aunque no se espera una sentencia hasta dentro de varios meses, el caso ya genera expectativas. Los fallos del tribunal son legalmente vinculantes, lo que significa que los estados involucrados están obligados a acatar y cumplir con las decisiones del TEDH, incluso si esto implica la necesidad de cambiar leyes o políticas nacionales. 

En caso de que el tribunal emita un fallo favorable, los estados estarían obligados a disminuir urgentemente las emisiones de gases de efecto invernadero. En caso de incumplimiento, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el organismo encargado de supervisar la implementación de las sentencias del TEDH, podría imponer multas o sanciones económicas al Estado que no cumpla con la sentencia.

Los jóvenes demandantes buscan demostrar que los gobiernos tienen el deber legal de garantizar que el calentamiento global se mantenga en 1,5 grados Celsius, de acuerdo con los objetivos del acuerdo climático de París de 2015. 

Gerry Liston, abogado de la oenegé británica Global Legal Action Network (GLAN), que apoya la denuncia, explicó que los demandantes presentaron pruebas ante el tribunal de que todas las políticas climáticas estatales de los demandados están alineadas con un calentamiento de 3 grados Celsius durante la vida de los demandantes. 

Un fallo positivo, además, también ayudaría a futuros casos climáticos a nivel nacional. Los tribunales nacionales suelen tener en cuenta las decisiones del TEDH al interpretar y aplicar las leyes nacionales relacionadas con los derechos humanos.

¿Por qué este caso sienta un precedente para el resto del mundo?

Maria-Antonia Tigre, directora de Litigio sobre Cambio Climático Global del Sabin Center de la Universidad de Columbia, ha señalado que la crisis climática global se reconoce cada vez más como una cuestión de injusticia climática. “El gran avance del último par de años fue aclarar que esta conexión entre derechos humanos y cambio climático es muy obvia, muy clara”. 

Según la Plataforma de Litigio Climático de América Latina y el Caribe, en estas regiones hay cerca de 37 casos activos que utilizan argumentos climáticos para exigir responsabilidades a los gobiernos y a la industria.  

En Ecuador, un caso que marcó un precedente fue la denuncia presentada por nueve niñas de las provincias de Sucumbíos y Orellana en contra del Estado ecuatoriano por la autorización anual que realizaba el Ministerio de Energía en favor de cada una de las empresas petroleras que utilizaban mecheros para la quema de gas en la Amazonía ecuatoriana, una práctica obsoleta y altamente contaminante. 

Las demandantes alegaron violación a los derechos a la salud, al agua y a la soberanía alimentaria, a un ambiente sano y, además, la violación a los derechos de la Naturaleza. El caso terminó el 29 de julio de 2021, con una sentencia favorable que dictaminaba que el Ministerio implementaría un plan para la eliminación gradual y progresiva de los mecheros tradicionales que se utilizan para la quema de gas.